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    Dominicana On Line - El Portal de la República Dominicana

    Presencia de Estados Unidos. Los empréstitos

    Caciquismo local. La Guerra de Restauración y su técnica de guerra de guerrillas dejó al país fragmentado con un sinnúmero de jefes locales que empezaron disputarse el poder. La inestabilidad política fue tal que en el período que va de agosto de 1865 a septiembre de 1880, o sea, en el lapso de unos 15 años, se produjeron más de 50 alzamientos y se sucedieron 19 gobiernos distintos: de cinco años y ocho meses para el gobierno de Buenaventura Báez (mayo de 1868 a enero de 1874), al de menos de un mes de Marcos A. Cabral (diciembre de 1876).

    Las tendencias conservadora y liberal, cuyos centros geográficos se situaban en el sur y el este para la primera y en el Cibao y Santo Domingo para la segunda, enfrentaban a los madereros y hateros, que pretendían seguir buscando (a pesar de la restauración) el apoyo de influencias extranjeras, con los tabaqueros e intelectuales que luchaban por el afianzamiento de la autonomía.

    Esta puja entre los conservadores y los liberales, cada uno gobernando con su constitución, dio paso a la creación de los partidos Rojo y Azul (o Partido Nacional Liberal). El primero tenía como líder absoluto a Buenaventura Báez, quien durante la Guerra de Restauración había sido declarado “Mariscal de Campo” por el Gobierno español. El segundo conformaba una agrupación menos compacta en la que los hombres de la Restauración y de la Revolución de 1857 se encontraban aliados a antiguos santanistas.

    La centralización del liderazgo en torno a una única figura –Báez, que además era reconocido en todo el país– otorgaba a los rojos superioridad estratégica frente a los azules, los cuales adolecían de una autoridad fraccionada en numerosos líderes regionales que no pocas veces rivalizaban entre sí.

    Presencia norteamericana. A sólo dos años de la Restauración, en 1867, ya se producían en el país tratativas secretas para arrendar o vender la bahía de Samaná a los Estados Unidos. Esto le costó la presidencia al General José María Cabral, pero su sucesor, Buenaventura Báez, a cambio de poder amasar fortuna y poder personales, también dedicaría toda su astucia a intentar enajenar y anexionar el país a la nación norteamericana. El 29 de noviembre de 1869 se firmó un tratado de anexión que no llegó a ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, quedando por lo tanto sin efecto, gracias a la oposición de los dominicanos exiliados y, en particular, a la de varios senadores norteamericanos (entre ellos, Charles Sumner).

    No dejándose amilanar por este fracaso, Báez acordó entonces el arrendamiento de la bahía de Samaná a una compañía norteamericana, nombrada para el efecto como Samaná Bay Company, y cuya principal cabeza era el inversionista aventurero Joseph Fabens. La compañía tendría durante 99 años todos los privilegios que se habían concedido en un principio al Gobierno norteamericano: potestad para nombrar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales en el territorio de Samaná, así como la propiedad, por cada milla de ferrocarril o canal que construyera, de una milla cuadrada de los terrenos del Estado aledaños a esas vías. Firmado el 28 de diciembre de 1872 y ratificado el 19 de febrero del año siguiente por el Senado de la República, el mismo fue rescindido poco tiempo después (en 1874) por el Gobierno dominicano, bajo la presidencia de Ignacio María González (quien había derrocado a Báez), que aprovechó el retraso de la compañía en el pago al país de la cuota anual correspondiente.

    Posteriormente, en la década de 1890, el gobierno de Ulises Heureaux, Lilís , propondría a los Estados Unidos el arrendamiento de la bahía y península de Samaná a cambio de ayuda económica y protección militar para la defensa de cualquier amenaza externa.

    Empréstito Hartmont. Mientras se negociaba la anexión a la potencia americana, Báez contrajo a nombre de la República Dominicana, en 1869, un empréstito de 420,000 libras esterlinas (cerca de 2,000,000 de dólares) a un 6% de interés anual por un plazo de 25 años. Esto significó la inmediata hipoteca a favor de Edward Hartmont –el financiero que facilitó el préstamo– de los ingresos aduanales, los bienes nacionales, las minas de carbón, los bosques del Estado, y los depósitos de guano de la isla Alta Vela. En realidad, el Gobierno dominicano sólo recibió una parte del préstamo acordado, aparte de que Hartmont autorizó a un banco inglés a emitir bonos sobre la deuda por un valor superior en 337,700 libras al monto consignado en el contrato.

    Empréstito de la Westendorp y Cía. En octubre de 1888, al final del segundo período de presidencia del general Ulises Heureaux, el gobierno dominicano contrajo una deuda de 770,000 libras esterlinas al 6% de interés anual por 30 años. El acreedor, la Westendorp y Cía., tenía derecho a cobrar hasta un 30% de los ingresos aduanales, para lo cual nombró en el país varios agentes fiscales encargados de retener en las aduanas el dinero correspondiente y entregar el resto a las autoridades dominicanas.

    Mediante este préstamo se pagaron 142,860 libras esterlinas reclamadas por la firma Hartmont, se saldó parte de la deuda interna que tenía el gobierno con los servidores públicos y los prestamistas locales, y se engrasó la maquinaria política que mantenía a Ulises Heureaux en el poder con la compra de lealtades, armamentos, uniformes para el ejército y la adquisición y construcción de barcos de guerra.

    Poco tiempo después, en 1890, Heureaux obtuvo otro préstamo con la Westendorp y Cía. por valor de 900,000 libras esterlinas, al 6% anual y por 50 años. Presentó como justificación la construcción de una vía de ferrocarril entre Santiago y Puerto Plata, aunque en realidad buena parte del dinero fue destinado al soborno y al pago de prebendas políticas.

    El contrabando generalizado auspiciado por el propio Gobierno como forma de evadir el pago a los agentes aduanales de la Westendorp hizo caer en la quiebra a dicha compañía en 1893, que prefirió entonces aprovechar las negociaciones en torno al arrendamiento de la bahía y península de Samaná a los Estados Unidos para vender sus acreencias en la República Dominicana a capitalistas norteamericanos. Éstos se constituyeron en la Santo Domingo Improvement Company, y entre sus inversionistas principales se encontraban un secretario de Estado y otros funcionarios del gobierno estadounidense.

    Santo Domingo Improvement Company. Una vez constituida esta compañía, el Gobierno dominicano requirió dos nuevos préstamos por valor de 1,250,000 dólares y 2,035,000 libras esterlinas, con lo que el monto total que adeudaba la República Dominicana ascendía en 1893 a 17 millones de pesos.

    La Santo Domingo Improvement Company quedó en completo dominio de las aduanas nacionales, y ello catapultó la influencia norteamericana en el país a niveles nunca antes alcanzados, ya que, además, el transporte marítimo entre Santo Domingo y Nueva York estaba monopolizado por la Línea de Vapores Clyde, de capital estadounidense, y una gran parte de la industria azucarera de inversión extranjera que había empezado a fomentarse durante el gobierno de Ignacio María González de 1874 se encontraba en manos también norteamericanas.

    El conato de oposición a los intereses norteamericanos –organizado por las potencias europeas y el candidato presidencial opositor al general Heureaux, Generoso de Marchena– terminó con el apresamiento y fusilamiento de De Marchena y la salida del país del Banco Nacional de Santo Domingo (1893), centro financiero que desde los días de la Westendorp agrupaba los valores europeos.

    Se tomaron otros préstamos secretos y fraudulentos en contubernio con los directores de la Santo Domingo Improvement Company. En 1898, un año antes del ajusticiamiento de Heureaux, se le debían más de 15,000,000 de pesos, teniendo ésta el control total de las aduanas. Por otra parte, ahogaban al gobierno las deudas a los funcionarios públicos y a los prestamistas nacionales. El recurso a la emisión de moneda inorgánica (las llamadas “papeletas de Lilís”) y la concertación de un nuevo empréstito internacional, ahora con financistas europeos, agravaban la situación.

    Para el año 1900, la República Dominicana “debía” a la empresa norteamericana, y con ello a tenedores de bonos que esa compañía había vendido en Francia, Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra, la suma de 23,957,078 dólares; en tanto que la deuda interna ascendía a 10,126,628 dólares.











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