Poder Ejecutivo promulga la Ley Orgánica del Ministerio Público

Poder Ejecutivo promulga la Ley Orgánica del Ministerio Público
República Dominicana, Santo Domingo, 11/06/2011

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Orgánica que establece al Ministerio Público como el órgano responsable de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal, y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad.

La nueva ley está marcada con el número 133-11 y manda que ese órgano garantice los derechos fundamentales de las personas, defienda el interés público tutelado por la ley, promueva  la resolución alternativa de disputas y proteja a las víctimas y testigos.

Asimismo, sometió al Congreso Nacional la modificación de los artículos relativos al rol del Ministerio Público en la investigación para esclarecer su contenido, para asegurar que junto con la Policía Nacional cumpla en perfecta armonía las respectivas misiones asignadas por la Constitución de la República.  

La nueva ley está marcada con el número 133-11 y manda que ese órgano garantice los derechos fundamentales de las personas, defienda el interés público tutelado por la ley, promueva  la resolución alternativa de disputas y proteja a las víctimas y testigos.

También establece su  autonomía funcional, presupuestaria y  administrativa, cuya asignación presupuestaria se hará sin perjuicio de los controles externos del gasto público, establecidos en la Constitución, informa la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia.

Añade que el Consejo Superior del Ministerio Público aprobará a más tardar el 16 de agosto de cada año el presupuesto de gastos de la institución,  el cual será remitido  por el Procurador  General de la República al Poder Ejecutivo,  para su incorporación al proyecto de Presupuesto correspondiente  y someterlo al Congreso Nacional.

Entre sus considerandos  destaca que  la Constitución consagra la inamovilidad de sus integrantes,  régimen disciplinario,  escuela de formación y sus órganos de gobierno, por lo que se necesita una ley que regule su integración  y funcionamiento.    

También toma en consideración que la Carta Magna establece un sistema de carrera  para garantizar la permanencia de sus integrantes hasta los 75 años de edad, y proscribe  que estos  participen en actividades políticas partidaristas.