Presencia de Estados Unidos

Presencia de Estados Unidos

Caciquismo local. La Guerra de Restauración y su técnica de guerra de guerrillas dejó al país fragmentado con un sinnúmero de jefes locales que empezaron a disputarse el poder. La inestabilidad política fue tal que en el período que va de agosto de 1865 a septiembre de 1880, o sea, en el lapso de unos 15 años, se produjeron más de 50 alzamientos y se sucedieron 19 gobiernos distintos: de cinco años y ocho meses para el gobierno de Buenaventura Báez (mayo de 1868 a enero de 1874), al de menos de un mes de Marcos A. Cabral (diciembre de 1876).

Las tendencias conservadora y liberal, cuyos centros geográficos se situaban en el sur y el este para la primera y en el Cibao y Santo Domingo para la segunda, enfrentaban a los madereros y hateros, que pretendían seguir buscando (a pesar de la restauración) el apoyo de influencias extranjeras, con los tabaqueros e intelectuales que luchaban por el afianzamiento de la autonomía.

Esta puja entre los conservadores y los liberales, cada uno gobernando con su constitución, dio paso a la creación de los partidos Rojo y Azul (o Partido Nacional Liberal). El primero tenía como líder absoluto a Buenaventura Báez, quien durante la Guerra de Restauración había sido declarado “Mariscal de Campo” por el Gobierno español. El segundo conformaba una agrupación menos compacta en la que los hombres de la Restauración y de la Revolución de 1857 se encontraban aliados a antiguos santanistas.

La centralización del liderazgo en torno a una única figura –Báez, que además era reconocido en todo el país– otorgaba a los rojos superioridad estratégica frente a los azules, los cuales adolecían de una autoridad fraccionada en numerosos líderes regionales que no pocas veces rivalizaban entre sí.

Presencia norteamericana. A sólo dos años de la Restauración, en 1867, ya se producían en el país tratativas secretas para arrendar o vender la bahía de Samaná a los Estados Unidos. Esto le costó la Presidencia al General José María Cabral, pero su sucesor, Buenaventura Báez, a cambio de poder amasar fortuna y poder personales, también dedicaría toda su astucia a intentar enajenar y anexionar el país a la nación norteamericana. El 29 de noviembre de 1869 se firmó un tratado de anexión que no llegó a ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, quedando por lo tanto sin efecto, gracias a la oposición de los dominicanos exiliados y, en particular, a la de varios senadores norteamericanos (entre ellos, Charles Sumner).

No dejándose amilanar por este fracaso, Báez acordó entonces el arrendamiento de la bahía de Samaná a una compañía norteamericana, nombrada para el efecto como Samaná Bay Company, y cuya principal cabeza era el inversionista aventurero Joseph Fabens. La compañía tendría durante 99 años todos los privilegios que se habían concedido en un principio al Gobierno norteamericano: potestad para nombrar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales en el territorio de Samaná, así como la propiedad, por cada milla de ferrocarril o canal que construyera, de una milla cuadrada de los terrenos del Estado aledaños a esas vías. Firmado el 28 de diciembre de 1872 y ratificado el 19 de febrero del año siguiente por el Senado de la República, el mismo fue rescindido poco tiempo después (en 1874) por el Gobierno dominicano, bajo la presidencia de Ignacio María González (quien había derrocado a Báez), que aprovechó el retraso de la compañía en el pago al país de la cuota anual correspondiente.

Posteriormente, en la década de 1890, el gobierno de Ulises Heureaux, Lilís, propondría a los Estados Unidos el arrendamiento de la bahía y península de Samaná a cambio de ayuda económica y protección militar para la defensa de cualquier amenaza externa.

Empréstito Hartmont. Mientras se negociaba la anexión a la potencia americana, Báez contrajo a nombre de la República Dominicana, en 1869, un empréstito de 420,000 libras esterlinas (cerca de 2,000,000 de dólares) a un 6% de interés anual por un plazo de 25 años. Esto significó la inmediata hipoteca a favor de Edward Hartmont –el financiero que facilitó el préstamo– de los ingresos aduanales, los bienes nacionales, las minas de carbón, los bosques del Estado, y los depósitos de guano de la isla Alta Vela. En realidad, el Gobierno dominicano sólo recibió una parte del préstamo acordado, aparte de que Hartmont autorizó a un banco inglés a emitir bonos sobre la deuda por un valor superior en 337,700 libras al monto consignado en el contrato.

Empréstito de la Westendorp y Cía. En octubre de 1888, al final del segundo período de presidencia del general Ulises Heureaux, el gobierno dominicano contrajo una deuda de 770,000 libras esterlinas al 6% de interés anual por 30 años. El acreedor, la Westendorp y Cía., tenía derecho a cobrar hasta un 30% de los ingresos aduanales, para lo cual nombró en el país varios agentes fiscales encargados de retener en las aduanas el dinero correspondiente y entregar el resto a las autoridades dominicanas.

Mediante este préstamo se pagaron 142,860 libras esterlinas reclamadas por la firma Hartmont, se saldó parte de la deuda interna que tenía el gobierno con los servidores públicos y los prestamistas locales, y se engrasó la maquinaria política que mantenía a Ulises Heureaux en el poder con la compra de lealtades, armamentos, uniformes para el ejército y la adquisición y construcción de barcos de guerra.

Poco tiempo después, en 1890, Heureaux obtuvo otro préstamo con la Westendorp y Cía. por valor de 900,000 libras esterlinas, al 6% anual y por 50 años. Presentó como justificación la construcción de una vía de ferrocarril entre Santiago y Puerto Plata, aunque en realidad buena parte del dinero fue destinado al soborno y al pago de prebendas políticas.

El contrabando generalizado auspiciado por el propio Gobierno como forma de evadir el pago a los agentes aduanales de la Westendorp hizo caer en la quiebra a dicha compañía en 1893, que prefirió entonces aprovechar las negociaciones en torno al arrendamiento de la bahía y península de Samaná a los Estados Unidos para vender sus acreencias en la República Dominicana a capitalistas norteamericanos. Éstos se constituyeron en la Santo Domingo Improvement Company, y entre sus inversionistas principales se encontraban un secretario de Estado y otros funcionarios del gobierno estadounidense.

Santo Domingo Improvement Company. Una vez constituida esta compañía, el Gobierno dominicano requirió dos nuevos préstamos por valor de 1,250,000 dólares y 2,035,000 libras esterlinas, con lo que el monto total que adeudaba la República Dominicana ascendía en 1893 a 17 millones de pesos.

La Santo Domingo Improvement Company quedó en completo dominio de las aduanas nacionales, y ello catapultó la influencia norteamericana en el país a niveles nunca antes alcanzados, ya que, además, el transporte marítimo entre Santo Domingo y Nueva York estaba monopolizado por la Línea de Vapores Clyde, de capital estadounidense, y una gran parte de la industria azucarera de inversión extranjera que había empezado a fomentarse durante el gobierno de Ignacio María González de 1874 se encontraba en manos también norteamericanas.

El conato de oposición a los intereses norteamericanos –organizado por las potencias europeas y el candidato presidencial opositor al general Heureaux, Generoso de Marchena– terminó con el apresamiento y fusilamiento de De Marchena y la salida del país del Banco Nacional de Santo Domingo (1893), centro financiero que desde los días de la Westendorp agrupaba los valores europeos.

Se tomaron otros préstamos secretos y fraudulentos en contubernio con los directores de la Santo Domingo Improvement Company. En 1898, un año antes del ajusticiamiento de Heureaux, se le debían más de 15,000,000 de pesos, teniendo ésta el control total de las aduanas. Por otra parte, ahogaban al gobierno las deudas a los funcionarios públicos y a los prestamistas nacionales. El recurso a la emisión de moneda inorgánica (las llamadas “papeletas de Lilís”) y la concertación de un nuevo empréstito internacional, ahora con financistas europeos, agravaban la situación.

Para el año 1900, la República Dominicana “debía” a la empresa norteamericana, y con ello a tenedores de bonos que esa compañía había vendido en Francia, Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra, la suma de 23,957,078 dólares; en tanto que la deuda interna ascendía a 10,126,628 dólares.

 

Camino a la intervención norteamericana

Sucesión Política de Lilís (Ulises Heureaux). Entre las figuras que intervinieron en el derrocamiento del presidente Heureaux, poniendo fin a sus 15 años de poder unipersonal, estuvieron Juan Isidro Jimenes y Horacio Vásquez. El primero había organizado una expedición antililisista en un vapor de nombre Fanita, poco antes del asesinato del dictador. Y el segundo participó, junto con Ramón Cáceres y Jacobino de Lara, en el mismo ajusticiamiento.

Ambos personajes constituyeron los principales liderazgos antagónicos de una época caracterizada por la convulsión política y las presiones extranjeras que desembocarían en la invasión y ocupación norteamericana de 1916. Debido a la popularidad de las peleas de gallos, sus facciones fueron denominadas como los jimenistas o bolos y los horacistas o coludos. Los jimenistas estaban integrados en su mayoría por los antiguos lilisistas, mientras que los horacistas procedían del extremo más liberal del antiguo Partido Azul.

Golpes de Estado contra uno y otro grupo, levantamientos armados y persecución política entre sus partidarios fueron la nota distintiva de la política interna, en tanto aumentaba el acoso extranjero a la soberanía nacional.

Presiones europeas y norteamericanas. A inicios del siglo XX, los tenedores de bonos europeos de la deuda dominicana emprendieron una campaña frente a sus respectivos gobiernos para que conminaran a pagar al Estado dominicano. Otro tanto hizo la Santo Domingo Improvement Company, al llevar su caso ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que fuera el propio Gobierno norteamericano el que defendiera sus intereses.

 

Protocolo de 1903

En 1903, siendo presidente Horacio Vásquez, se firmó con la Improvement un protocolo por el que República Dominicana reconocía tener respecto a dicha empresa obligaciones ascendentes a 4.5 millones de dólares, y se comprometía a saldar la deuda de acuerdo a la forma de pago establecida por un arbitraje internacional compuesto por un árbitro nombrado por la República Dominicana, otro por los Estados Unidos y un tercero por acuerdo de ambos gobiernos, pero que, en su defecto, sería un miembro de la Suprema Corte del poderoso país.

 

Laudo arbitral, 1904 

El consiguiente laudo arbitral de junio de 1904 dispuso la especialización de los ingresos de las aduanas de Montecristi, Puerto Plata, Samaná y Sánchez al pago de los valores adeudados a la Improvement, al tiempo que consignó la incorporación de un agente financiero de la compañía para encargarse de fiscalizar los ingresos aduanales y autorizar los gastos del Estado dominicano. Debido al rechazo de los tenedores de bonos europeos y de los acreedores dominicanos, esta cláusula no fue aplicada.

 

Modus Vivendi, 1905

Luego de una serie de negociaciones llevadas a cabo entre el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosvelt, y el de República Dominicana, Carlos Morales Languasco, y de un acuerdo no ratificado por el Senado norteamericano en virtud de que virtualmente implicaba el establecimiento de un protectorado sobre la República Dominicana, se estableció el 31 de marzo de 1905 el arreglo provisional “Modus Vivendi”.

Mediante este pacto, el presidente dominicano autorizó a su contraparte a nombrar una persona encargada de percibir las rentas de las aduanas para ser distribuidas de la siguiente manera: 45% del total de las entradas a ser entregadas al Gobierno dominicano a fin de atender las necesidades de la administración pública nacional; el 55% restante a ser utilizado por el Gobierno norteamericano para el pago de los empleados de las aduanas y para crear un depósito en un banco de Nueva York “…a beneficio de todos los acreedores de la República, tanto dominicanos como extranjeros”. El contralor general de Aduanas designado por el Gobierno estadounidense fue el coronel George R. Colton.

Este plan contribuyó a reducir el contrabando, aumentó la cantidad de ingresos que recibía el Estado dominicano y contentó a los tenedores de bonos europeos, que ahora veían que el propio Gobierno norteamericano, y no una empresa particular, se ocupaba de garantizar el cobro de sus acreencias.

Quince meses después de haber iniciado la ejecución del arreglo se habían depositado en el Banco Nacional de New York unos 2 millones de dólares.

 

Plan de ajuste 

En el mismo año de 1905, el presidente Roosevelt envió un experto financiero para determinar a cuánto exactamente ascendían las acreencias reclamadas a la República Dominicana, y en qué proporción eran deudas legítimas o fraudulentas. El señor Jacobo Hollander reportó que para la fecha el monto de las deudas reclamadas, tanto en el plano interno como internacional, se situaba en cuarenta millones de dólares, si bien esta suma podía ser reducida en más de la mitad, ya que muchos de los reclamos carecían de legitimidad. De ahí que entre los meses de marzo y septiembre de 1906, los dos gobiernos trabajaran en conjunto verificando cada uno de los expedientes, y obligaran a los acreedores a aceptar una reducción de sus demandas. La deuda total de la República Dominicana quedó entonces fijada en diecisiete millones de dólares.

 

Consolidación de la deuda y Convención Domínico-Americana de 1907

En vista de que uno de los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos era tener pleno dominio de las Antillas para así fortalecer su posición en el canal de Panamá, al presidente Roosevelt le resultaba claro que República Dominicana no debía tener acreedores europeos que pudieran atraer a la zona la influencia de sus respectivos gobiernos. Por eso propició que la firma Kuhn, Loeb & Company de New York prestara al país veinte millones de dólares, los cuales serían destinados a la cancelación de todas las deudas pendientes, mientras que los tres millones sobrantes se dedicarían en principio a la realización de obras públicas y otras inversiones pero en verdad fueron usados discrecionalmente por el presidente Ramón Cáceres para consolidar su poder en la Primera Magistratura de la República. Los técnicos del Banco de New York recibieron una comisión de 800,000 dólares.

Acompañando a este préstamo, el Congreso aprobó el 3 de mayo de 1907 la Convención Domínico-Americana, tratado por el que el gobierno dominicano entregaba la administración y el control de sus aduanas al Gobierno de los Estados Unidos hasta completar el pago de la nueva deuda, y por el que se comprometía a no modificar su tarifa aduanera ni a aumentar su deuda pública sin el consentimiento previo del presidente de los Estados Unidos. Los ingresos aduanales serían repartidos en la misma forma establecida por el “Modus Vivendi”: 45% para el Gobierno dominicano, 5% para el pago de los empleados de la Receptoría General de Aduanas y el 50% para el saldo del empréstito.

El artículo segundo de la Convención consignaba que el receptor general de Aduanas nombrado por el presidente de los Estados Unidos contaría con la protección del Gobierno norteamericano en caso de que el dominicano se encontrare imposibilitado de prestarla.

De esta forma se aseguró el dominio de los Estados Unidos sobre la República Dominicana a principios del siglo XX.

En un alegato en contra de la aprobación de la Convención de 1907, el diputado Alfredo Morales afirmó (extraído de la Enciclopedia Ilustrada de la República Dominicana , Tomo VII, pág. 201):

“Los Tratados de protectorado o vasallaje, que siempre se realizan entre Estados poderosos y Estados débiles o bárbaros, han tenido a menudo, como único objeto, lo que se denomina en tiempos modernos conquista pacífica. Nunca un Estado fuerte acude en ayuda de uno débil sino cuando le guían determinados intereses. Es bien larga la lista de las usurpaciones cometidas por la gran República de América del Norte bajo el pretexto de la doctrina de Monroe (…) si aprobamos las negociaciones en curso, la República Dominicana no podrá en el porvenir tratar de igual a igual con otra Nación; dejará de ser un Estado Independiente, de tener una personalidad internacional.”

 

Las recaudaciones 

Fruto de estos “acuerdos” las recaudaciones aduanales experimentaron un incremento constante que se vio favorecido por el fomento, aumento y diversificación de la producción agrícola, el alza de sus precios en el mercado internacional y, a partir de 1910, por la disposición del presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, de reducir en un 15% la tarifa aduanera de derechos de importación y en un 50% la de exportación.

En esos años se registran los siguientes ingresos por aduanas:

Año	US dólares
1904	1,864,755
1905	2,800,000
1906	3,692,000
1907	3,964,000
1908	4,029,000
1909	3,862,000
1910	4,705,000
1911	+ 5,000,00

 

Muerte de Ramón Cáceres

El asesinato del presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, desató una guerra civil entre el jefe del Ejército, Alfredo Victoria, los horacistas que habían planeado la caída del gobierno de Cáceres, y los rebeldes jimenistas encabezados por Desiderio Arias que momentáneamente se apoderaron de las aduanas de la frontera. Esto último, unido al hecho de que los haitianos aprovecharon el vacío de poder para ocupar territorios dominicanos, impulsaron a los Estados Unidos a valerse de la Convención Domínico-Americana de 1907 para intervenir y mediar en la política interna dominicana que retomó una escalada de inestabilidad y caos. Entre noviembre de 1911 y noviembre de 1916 se instauraron ocho presidencias distintas, de las cuales sólo dos –la de Eladio Victoria iniciada en diciembre de 1911 y la de Juan Isidro Jimenes en diciembre de 1914– tuvieron carácter constitucional.

 

Contralor estadounidense, 1914 

En enero de 1914, el gobierno provisional de José Bordas aceptó el nombramiento por parte de los Estados Unidos de un contralor que tendría a su cargo la supervisión de todos los gastos del Gobierno dominicano y de la ejecución del presupuesto nacional. A cambio de ello, se avanzó al Gobierno dominicano un adelanto de 40,000 dólares de los ingresos aduanales y se le permitió utilizar 1,200,000 dólares en bonos no vendidos del empréstito de 1907.

 

Plan Wilson, 1914

Ante el enfrentamiento de las fuerzas horacistas, jimenistas y de otras facciones políticas (velazquistas y vitalistas) que querían impedir que José Bordas permaneciera en el poder por medio de elecciones fraudulentas, los Estados Unidos enviaron al país en julio de 1914 una comisión mediadora portadora de una propuesta redactada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Bajo la amenaza de la infantería norteamericana, el denominado “Plan Wilson” establecía:

• Deposición de las armas de todos los revolucionarios.
• Elección por acuerdo entre ellos de un presidente provisional. De lo contrario, el Gobierno norteamericano lo elegiría y lo mantendría con su propia fuerza.
• Organización por parte del presidente provisional de elecciones supervisadas por los Estados Unidos.
• Compromiso de todas las facciones a respetar el nuevo gobierno, el cual además contaría con el apoyo del Gobierno estadounidense que no estaba dispuesto a tolerar más revoluciones.

Juan Isidro Jimenes fue electo presidente en las elecciones celebradas en diciembre de 1914.

 

Primera invasión norteamericana

Los acontecimientos que darían el impulso final a la intervención norteamericana de 1916 fueron:

• El impasse que tuvo el gobierno de Juan Isidro Jimenes con los Estados Unidos, al no querer aceptar algunas de las medidas que pretendían hacerle asumir (entre ellas, la aprobación expresa del contralor norteamericano).
• Levantamiento de generales horacistas en el norte.
• La ocupación militar norteamericana de Haití en 1915.
• Aumento del poder de Desiderio Arias, quien siendo secretario de Guerra y Marina se rebeló contra Jimenes en abril de 1916.

En mayo de 1916 comienza el desembarco de marinos norteamericanos. El 16 de mayo tomaron Santo Domingo, y a finales de julio los principales puestos militares del país estaban en sus manos. El 29 de noviembre de 1916 el Capitán H. S. Knapp publicó la proclama oficial de la ocupación.

 

Medidas del Gobierno militar norteamericano en la República Dominicana

Control militar y policial

A fin de sustituir a las antiguas fuerzas armadas agrupadas en la Marina de Guerra y en la Guardia Republicana del período de Ramón Cáceres, los interventores instauraron en 1917 la Guardia Nacional, organismo de represión cuya finalidad era combatir de manera eficiente cualquier intento de sedición. Los dominicanos que integraron sus filas eran casi todos de extracción humilde o desempleados, y fueron entrenados según los reglamentos de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, de la que terminaron convirtiéndose en una especie de prolongación. Es de este “cuerpo del orden”, luego nombrado Policía Nacional y convertido posteriormente en Ejército Nacional, de donde emergería la figura del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

 

Rentas Internas, contabilidad y registro de tierras

En 1918 fue creada la Dirección General de Rentas Internas, con el propósito de regular la aplicación y el cobro de los impuestos a la producción manufacturera nacional. También se incorporó un moderno sistema de contabilidad pública, y otro para el registro de tierras.

 

Obras públicas

La necesidad de tener un mayor control militar sobre el país hizo que las autoridades interventoras desarrollan un plan de construcción de carreteras que comunicara las distintas regiones y que facilitara una real unificación política del país. En 1922 se inauguró la carretera Duarte entre las ciudades de Santo Domingo y Santiago. La carretera hacia el este se llevó desde Santo Domingo hasta San Pedro de Macorís, mientras que la que va hacia el sur se prolongó desde la Capital hasta Azua. Esta red fue completada poco tiempo después de finalizada la ocupación, y había sido planeada e iniciada en la época de la presidencia de Ramón Cáceres.

Otras obras consistieron en el acondicionamiento de muelles y edificios de aduanas, el establecimiento de un sistema de telecomunicaciones y edificaciones educativas y sanitarias.

 

Educación

Se estima que para 1916 más del 90% de la población dominicana era analfabeta. Una de las primeras disposiciones del gobierno de ocupación fue la promulgación de una ley que establecía la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria para los niños de 7 a 14 años, y la creación del Consejo Nacional de Educación, encargado de la supervisión general de la instrucción pública. Se instalaron numerosos planteles escolares primarios en las zonas rurales.

En contrapartida, se le prestó escasa atención a la educación secundaria, se cerró la Universidad de Santiago y se dio categoría de instituto a la Universidad de Santo Domingo.

 

Salud pública y sanidad

• Limpieza de las ciudades y pueblos, de mercados y mataderos, instalación de letrinas.
• Creación de la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia.
• Creación de un Laboratorio Nacional.
• Regulación de la práctica médica, farmacéutica y oficios afines.
• Ejecución de programas de vacunación.
• Control de la preparación y venta de alimentos.
• Prohibición de la prostitución.
• Llegada de profesionales de la salud de Estados Unidos y Puerto Rico. De acuerdo a las autoridades de ocupación, en 1917 apenas ejercían en República Dominicana 95 doctores y licenciados, muchos de los cuales presentaban muy mala preparación.
• Construcción de tres hospitales.

“Danza de los Millones”. La Primera Guerra Mundial ocasionó un aumento de la demanda de azúcar de caña, tabaco, café y cacao dominicanos, elevando el precio de estos productos en el mercado internacional. La mayor capacidad de compra de los dominicanos produjo a su vez un incremento de la demanda de artículos manufacturados importados, e incidió en el incipiente proceso de urbanización y modernización que experimentaron –junto con la ciudad de Santo Domingo– pueblos como Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata. A esta efervescencia económica vivida en especial entre 1918 y 1921 se le conoce como la “Danza de los Millones”.

Llegó a su fin en 1921, con la caída estrepitosa de los precios de los productos dominicanos en el mercado internacional, lo que sumió al país en una nueva crisis.

Nuevos empréstitos. Es importante hacer notar que las inversiones realizadas por el gobierno de ocupación se sustentaron, de una parte, en los fondos de las aduanas que le correspondían al Gobierno dominicano y que habían sido retenidos por las autoridades estadounidenses como mecanismo de presión desde el impasse con el presidente Jimenes; y, de otra, en nuevos préstamos autorizados por el Departamento de Estado bajo el escudo de la Convención de 1907. De esta suerte, para 1922, la deuda de la República Dominicana ascendía a casi 15,000,000 de dólares.

Los líderes políticos y hombres de negocio dominicanos manifestaron su desacuerdo, alegando que un gobierno extranjero no tenía derecho a endeudar al país.

 

Resistencia

Gavilleros. A pesar de la censura y el desarme, hubo un reducto de rebeldes que se mantuvo contra la autoridad extranjera. Los “gavilleros” operaban al este del país y estaban conformados, en gran medida, por campesinos que habían sido despojados de sus tierras durante el apogeo de la industria azucarera de gran capital extranjero, iniciado a finales del siglo XIX e incentivado en los primeros quince años del siglo XX. Se escondían en las zonas montañosas y atacaban mediante el método de la guerra de guerrilla, contando para ello con la colaboración del grueso de la población de la región e incluso con la de los propios administradores de los ingenios que, a fin de evitar la quema o asalto de sus campos, bodegas y bateyes, les suministraban dinero y comida.

Sólo pudieron ser afectados seriamente cuando las operaciones en su contra contaron con el concurso de los soldados dominicanos de la Guardia Nacional. En 1922 aceptaron una amnistía general ofrecida por el gobierno de ocupación bajo el entendido de que se instauraría el Gobierno Provisional dominicano acordado en el Plan Hughes-Peynado de ese año.

Sus líderes más importantes fueron Vicente Evangelista, Ramón Natera, Martín Peguero, José Piña, Luciano Reyes, Pedro Tolete, Marcial Guerrero y Félix Laureano.

 

Resistencia cívica

Tuvo un carácter urbano y se estructuró sobre la base de las distintas iniciativas de la clase intelectual dominicana que expresaba su preferencia por un país libre con revoluciones a un país ocupado con una paz impuesta.

• Campaña realizada por el ex presidente de la República Francisco Henríquez y Carvajal. Viajó por varios países de América Latina denunciando la ocupación, la falta de libertades, la censura, las cortes militares de justicia y las torturas que sufrían los dominicanos. En 1919 fundó una Comisión Nacionalista Dominicana que operaba en Washington y que pretendía que el Departamento de Estado de los Estados Unidos modificara su política en el país y nombrara una Junta Consultiva que preparara las leyes para asegurar la transición a un nuevo gobierno civil dominicano.
• Campaña de los líderes obreros dominicanos ante la Federación Americana del Trabajo, la cual exigió al presidente de los Estados Unidos una rectificación de su política en Santo Domingo.
• Creación de la Unión Nacional Dominicana en 1920. Presidida por Don Emiliano Tejera, exigía la “desocupación pura y simple”. La integraban Américo Lugo, Fabio Fiallo, Pelegrín Castillo, Enrique Apolinar Henríquez, Max Henríquez Ureña, César Tolentino y muchos otros.

La defensa del restablecimiento de la soberanía dominicana se expresó a través de distintas manifestaciones culturales: discursos, libros, cartas, obras de teatro, editoriales. Hasta los juegos de béisbol celebrados entre dominicanos y equipos formados por los marines norteamericanos sirvieron para canalizar el rechazo a la autoridad opresora.

Plan Hughes-Peynado, 1922. La crisis económica desencadenada en 1921, las campañas a escala nacional e internacional en contra de la intervención, y la elección de un nuevo presidente norteamericano favorable a la salida de las tropas de ocupación, propiciaron la celebración de este acuerdo que sentó las bases para la vuelta a la vida independiente de la República Dominicana. Se llamó así en virtud de los nombres de los negociadores: Francisco J. Peynado, por la parte dominicana, y el secretario de Estado Charles Evans Hughes, por los Estado Unidos. El mismo estipulaba:

• Instalación de un Gobierno Provisional electo por los principales líderes políticos dominicanos y el Arzobispo de Santo Domingo.
• Preparación y organización de elecciones porparte del mencionado Gobierno Provisional.
• Reconocimiento de los actos legales del gobierno militar que hubiesen creado derecho a favor de terceros.
• Reconocimiento de la validez de las emisiones de bonos de los empréstitos contratados durante los años de ocupación.
• Reconocimiento de las tarifas aduaneras establecidas por el gobierno militar en 1919 y que favorecían a más de 945 productos estadounidenses.
• Vigencia de la Convención Domínico-Americana de 1907 hasta que la República Dominicana terminara de pagar su deuda externa, quedando por tanto los norteamericanos en control de las aduanas y con el derecho de autorizar o no cualquier futuro endeudamiento público del país.
• Juan Bautista Vicini Burgos asumió como presidente provisional en el mes de octubre de 1922, y las elecciones constitucionales fueron celebradas el 15 de marzo de 1924, resultando electo el candidato Horacio Vásquez por el Partido Nacional. En agosto de ese mismo año concluyó la evacuación del ejército de ocupación.