Camino a la intervención norteamericana

Camino a la intervención norteamericana

Sucesión Política de Lilís (Ulises Heureaux). Entre las figuras que intervinieron en el derrocamiento del presidente Heureaux, poniendo fin a sus 15 años de poder unipersonal, estuvieron Juan Isidro Jimenes y Horacio Vásquez. El primero había organizado una expedición antililisista en un vapor de nombre Fanita, poco antes del asesinato del dictador. Y el segundo participó, junto con Ramón Cáceres y Jacobino de Lara, en el mismo ajusticiamiento.

Ambos personajes constituyeron los principales liderazgos antagónicos de una época caracterizada por la convulsión política y las presiones extranjeras que desembocarían en la invasión y ocupación norteamericana de 1916. Debido a la popularidad de las peleas de gallos, sus facciones fueron denominadas como los jimenistas o bolos y los horacistas o coludos. Los jimenistas estaban integrados en su mayoría por los antiguos lilisistas, mientras que los horacistas procedían del extremo más liberal del antiguo Partido Azul.

Golpes de Estado contra uno y otro grupo, levantamientos armados y persecución política entre sus partidarios fueron la nota distintiva de la política interna, en tanto aumentaba el acoso extranjero a la soberanía nacional.

Presiones europeas y norteamericanas. A inicios del siglo XX, los tenedores de bonos europeos de la deuda dominicana emprendieron una campaña frente a sus respectivos gobiernos para que conminaran a pagar al Estado dominicano. Otro tanto hizo la Santo Domingo Improvement Company, al llevar su caso ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que fuera el propio Gobierno norteamericano el que defendiera sus intereses.

Protocolo de 1903

En 1903, siendo presidente Horacio Vásquez, se firmó con la Improvement un protocolo por el que República Dominicana reconocía tener respecto a dicha empresa obligaciones ascendentes a 4.5 millones de dólares, y se comprometía a saldar la deuda de acuerdo a la forma de pago establecida por un arbitraje internacional compuesto por un árbitro nombrado por la República Dominicana, otro por los Estados Unidos y un tercero por acuerdo de ambos gobiernos, pero que, en su defecto, sería un miembro de la Suprema Corte del poderoso país.

Laudo arbitral, 1904

El consiguiente laudo arbitral de junio de 1904 dispuso la especialización de los ingresos de las aduanas de Montecristi, Puerto Plata, Samaná y Sánchez al pago de los valores adeudados a la Improvement, al tiempo que consignó la incorporación de un agente financiero de la compañía para encargarse de fiscalizar los ingresos aduanales y autorizar los gastos del Estado dominicano. Debido al rechazo de los tenedores de bonos europeos y de los acreedores dominicanos, esta cláusula no fue aplicada.

Modus Vivendi, 1905

Luego de una serie de negociaciones llevadas a cabo entre el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosvelt, y el de República Dominicana, Carlos Morales Languasco, y de un acuerdo no ratificado por el Senado norteamericano en virtud de que virtualmente implicaba el establecimiento de un protectorado sobre la República Dominicana, se estableció el 31 de marzo de 1905 el arreglo provisional “Modus Vivendi”.

Mediante este pacto, el presidente dominicano autorizó a su contraparte a nombrar una persona encargada de percibir las rentas de las aduanas para ser distribuidas de la siguiente manera: 45% del total de las entradas a ser entregadas al Gobierno dominicano a fin de atender las necesidades de la administración pública nacional; el 55% restante a ser utilizado por el Gobierno norteamericano para el pago de los empleados de las aduanas y para crear un depósito en un banco de Nueva York “…a beneficio de todos los acreedores de la República, tanto dominicanos como extranjeros”. El contralor general de Aduanas designado por el Gobierno estadounidense fue el coronel George R. Colton.

Este plan contribuyó a reducir el contrabando, aumentó la cantidad de ingresos que recibía el Estado dominicano y contentó a los tenedores de bonos europeos, que ahora veían que el propio Gobierno norteamericano, y no una empresa particular, se ocupaba de garantizar el cobro de sus acreencias.

Quince meses después de haber iniciado la ejecución del arreglo se habían depositado en el Banco Nacional de New York unos 2 millones de dólares.

Plan de ajuste

En el mismo año de 1905, el presidente Roosevelt envió un experto financiero para determinar a cuánto exactamente ascendían las acreencias reclamadas a la República Dominicana, y en qué proporción eran deudas legítimas o fraudulentas. El señor Jacobo Hollander reportó que para la fecha el monto de las deudas reclamadas, tanto en el plano interno como internacional, se situaba en cuarenta millones de dólares, si bien esta suma podía ser reducida en más de la mitad, ya que muchos de los reclamos carecían de legitimidad. De ahí que entre los meses de marzo y septiembre de 1906, los dos gobiernos trabajaran en conjunto verificando cada uno de los expedientes, y obligaran a los acreedores a aceptar una reducción de sus demandas. La deuda total de la República Dominicana quedó entonces fijada en diecisiete millones de dólares.

Consolidación de la deuda y Convención Domínico-Americana de 1907

En vista de que uno de los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos era tener pleno dominio de las Antillas para así fortalecer su posición en el canal de Panamá, al presidente Roosevelt le resultaba claro que República Dominicana no debía tener acreedores europeos que pudieran atraer a la zona la influencia de sus respectivos gobiernos. Por eso propició que la firma Kuhn, Loeb & Company de New York prestara al país veinte millones de dólares, los cuales serían destinados a la cancelación de todas las deudas pendientes, mientras que los tres millones sobrantes se dedicarían en principio a la realización de obras públicas y otras inversiones pero en verdad fueron usados discrecionalmente por el presidente Ramón Cáceres para consolidar su poder en la Primera Magistratura de la República. Los técnicos del Banco de New York recibieron una comisión de 800,000 dólares.

Acompañando a este préstamo, el Congreso aprobó el 3 de mayo de 1907 la Convención Domínico-Americana, tratado por el que el gobierno dominicano entregaba la administración y el control de sus aduanas al Gobierno de los Estados Unidos hasta completar el pago de la nueva deuda, y por el que se comprometía a no modificar su tarifa aduanera ni a aumentar su deuda pública sin el consentimiento previo del presidente de los Estados Unidos. Los ingresos aduanales serían repartidos en la misma forma establecida por el “Modus Vivendi”: 45% para el Gobierno dominicano, 5% para el pago de los empleados de la Receptoría General de Aduanas y el 50% para el saldo del empréstito.

El artículo segundo de la Convención consignaba que el receptor general de Aduanas nombrado por el presidente de los Estados Unidos contaría con la protección del Gobierno norteamericano en caso de que el dominicano se encontrare imposibilitado de prestarla.

De esta forma se aseguró el dominio de los Estados Unidos sobre la República Dominicana a principios del siglo XX.

En un alegato en contra de la aprobación de la Convención de 1907, el diputado Alfredo Morales afirmó (extraído de la Enciclopedia Ilustrada de la República Dominicana , Tomo VII, pág. 201):

“Los Tratados de protectorado o vasallaje, que siempre se realizan entre Estados poderosos y Estados débiles o bárbaros, han tenido a menudo, como único objeto, lo que se denomina en tiempos modernos conquista pacífica. Nunca un Estado fuerte acude en ayuda de uno débil sino cuando le guían determinados intereses. Es bien larga la lista de las usurpaciones cometidas por la gran República de América del Norte bajo el pretexto de la doctrina de Monroe (…) si aprobamos las negociaciones en curso, la República Dominicana no podrá en el porvenir tratar de igual a igual con otra Nación; dejará de ser un Estado Independiente, de tener una personalidad internacional.”

Las recaudaciones

Fruto de estos “acuerdos” las recaudaciones aduanales experimentaron un incremento constante que se vio favorecido por el fomento, aumento y diversificación de la producción agrícola, el alza de sus precios en el mercado internacional y, a partir de 1910, por la disposición del presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, de reducir en un 15% la tarifa aduanera de derechos de importación y en un 50% la de exportación.

En esos años se registran los siguientes ingresos por aduanas:

Muerte de Ramón Cáceres

El asesinato del presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, desató una guerra civil entre el jefe del Ejército, Alfredo Victoria, los horacistas que habían planeado la caída del gobierno de Cáceres, y los rebeldes jimenistas encabezados por Desiderio Arias que momentáneamente se apoderaron de las aduanas de la frontera. Esto último, unido al hecho de que los haitianos aprovecharon el vacío de poder para ocupar territorios dominicanos, impulsaron a los Estados Unidos a valerse de la Convención Domínico-Americana de 1907 para intervenir y mediar en la política interna dominicana que retomó una escalada de inestabilidad y caos. Entre noviembre de 1911 y noviembre de 1916 se instauraron ocho presidencias distintas, de las cuales sólo dos –la de Eladio Victoria iniciada en diciembre de 1911 y la de Juan Isidro Jimenes en diciembre de 1914– tuvieron carácter constitucional.

Contralor estadounidense, 1914

En enero de 1914, el gobierno provisional de José Bordas aceptó el nombramiento por parte de los Estados Unidos de un contralor que tendría a su cargo la supervisión de todos los gastos del Gobierno dominicano y de la ejecución del presupuesto nacional. A cambio de ello, se avanzó al Gobierno dominicano un adelanto de 40,000 dólares de los ingresos aduanales y se le permitió utilizar 1,200,000 dólares en bonos no vendidos del empréstito de 1907.

Plan Wilson, 1914

Ante el enfrentamiento de las fuerzas horacistas, jimenistas y de otras facciones políticas (velazquistas y vitalistas) que querían impedir que José Bordas permaneciera en el poder por medio de elecciones fraudulentas, los Estados Unidos enviaron al país en julio de 1914 una comisión mediadora portadora de una propuesta redactada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Bajo la amenaza de la infantería norteamericana, el denominado “Plan Wilson” establecía:

•  Deposición de las armas de todos los revolucionarios.

•  Elección por acuerdo entre ellos de un presidente provisional. De lo contrario, el Gobierno norteamericano lo elegiría y lo mantendría con su propia fuerza.

•  Organización por parte del presidente provisional de elecciones supervisadas por los Estados Unidos.

•  Compromiso de todas las facciones a respetar el nuevo gobierno, el cual además contaría con el apoyo del Gobierno estadounidense que no estaba dispuesto a tolerar más revoluciones.

Juan Isidro Jimenes fue electo presidente en las elecciones celebradas en diciembre de 1914.