El Gobierno anuncia medidas para transparentar la administración pública

El Gobierno anuncia medidas para transparentar la administración pública
Santo Domingo, 14/11/2010

Por primera vez en la historia democrática del país, el Gobierno adopta medidas institucionales a través de decisiones legales para una eficaz lucha contra la corrupción en la administración pública. En Consejo de Gobierno Ampliado se conocieron los contenidos de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, que discutió diversas ideas tendentes a crear en el país una estructura anticorrupción amparada en leyes novedosas.

Las autoridades buscan crear y aplicar una serie de iniciativas para aplicar un sistema de transparencia en el país que permita enfrentar los posibles casos de corrupción desde el aparato estatal,…

Las autoridades buscan crear y aplicar una serie de iniciativas para aplicar un sistema de transparencia en el país que permita enfrentar los posibles casos de corrupción desde el aparato estatal, informa la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia.

El Contralor General de la República, licenciado Simón Lizardo, esbozó los contenidos de la iniciativa anticorrupción, creada a instancia del presidente Fernández, cuyo objetivo es estructurar un sistema de rendición de cuentas entre los funcionarios públicos de cada una de las instituciones que ejecutan el Presupuesto Nacional y Ley General de Ingresos y Gastos Públicos.

En ese sentido, Lizardo al hablar en el programa televisivo Hoy Mismo, recordó que durante el Consejo de Gobierno se conocieron los contenidos de las discusiones fijadas en las diez mesas de debates sobre la iniciativa anticorrupción, cuyo primer tema fue el de la mesa número uno, que trató lo concerniente a las compras y contrataciones de los bienes del Estado.

El presidente Fernández instruyó a sus funcionarios a que no se aprobara ningún libramiento de pagos que no cumpla con lo que establece la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas.

“Todo Estado moderno debe estar adecuado en el ejercicio de sus funciones con un instrumento vital para la democracia, que es tener un adecuado sistema de control interno”, dijo Lizardo.

El funcionario observó que el Gobierno está aplicando un novedoso dispositivo de seguridad en lo concerniente a compras y contrataciones del Estado, logrando así un cambio de cultura en el manejo de la Administración Pública.

De su lado, el asesor del Poder Ejecutivo en asuntos de drogas y reconocido jurista, doctor Marino Vinicio Castillo, citó que las medidas dispuestas por el mandatario son eficaces y están amparadas en la Ley 340.

Recordó que a principio del presente año, el presidente Fernández convocó a un grupo de funcionarios del Gobierno con quince representantes de las Naciones Unidas, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y de la Embajada de Estados Unidos en el país, donde se analizó el eje de discusión de la convención contra la corrupción de las Naciones Unidas.

Vincho Castillo, refirió que el presidente Fernández ha demostrado un interés especial en fortalecer las normas institucionales en la lucha contra la corrupción pública, adoptando medidas y disposiciones firmes ante los funcionarios que manejan recursos del Estado.

Por su aprte, el encargado de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas del Estado, Eric Hazim, dijo que las autoridades han aplicado un sistema de descentralización en cuanto a la gestión en la compra de bienes y servicios en el sector público.

Hazim comentó “que cualquier ciudadano o institución nacional tiene derecho a tramitar ante esa dependencia oficial pruebas de algún tipo de anomalías que se registre en instituciones gubernamentales en lo que tiene que ver con la compra de bienes y servicios del Estado”.

En ese sentido, citó que con las pruebas en las manos esa institución puede suspender o anular cualquier proceso de compra de alguna entidad estatal que tenga algún procedimiento anormal.

Hazim aseguró que uno de los compromisos asumidos por el país tras suscribir el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y El Caribe, fue precisamente la aplicación de una nueva normativa en lo que tiene que ver con la compra de bienes y servicios en el sector público.